El Camp de Turia

Doblemente estafados. Así se sienten los vecinos de Dugarref, como se conoce a la zona donde casi 200 familias acampan, descansan o incluso viven desde hace tres lustros. El Ayuntamiento no hizo cumplir la ley en su día y ahora, 15 años después, ha tirado por la calle de en medio cerrando el camping Aguas de Llíria con una orden judicial. El Consistorio no hace más que cumplir la ley, pero es deleznable e inmoral obviar la permisividad adoptada durante años por esta administración local. En Llíria las fuerzas políticas parieron un PGOU que quiere acabar con los tiempos de la especulación urbanística, pero las medidas adoptadas son criticables. Con los vecinos de Dugarref, y con los de muchas otras urbanizaciones nacidas al amparo del 'reino de taifas' que ha sido históricamente la ciudad en materia de ladrillo, el Ayuntamiento no cumple con el deber de socorro, es cómplice de un drama tercermundista que debería ser objeto de estudio por las más altas instancias europeas en materia de Urbanismo. El cierre es necesario pero el desamparo a las familias debe ser compensado económicamente o condenado sin titubeos. Algunos vecinos han hecho negocio en Dugarref, pero otros, la mayoría, están pagando la ineptitud de la empresa.Durante 15 años, el camping se ha convertido en una urbanización ilegal donde los vecinos no solo pagan un alquiler a la empresa, sino que se han construido casas, instalado caravanas fijas o han provisto de servicios la zona. Mientras esto ocurría, los vecinos explican que el Ayuntamiento ha cobrado los correspondientes tributos a la empresa según esta misma les ha explicado, lo que tampoco justifica su atrevimiento. La preguntas que surgen son: ¿Quién invertiría todos sus ahorros en comprar una casa de madera de 70.000 euros si alguien les avisara de que se la iban a quitar? ¿O quíen compraría chalets por 50 millones si alguien les dijera que esa urbanización no está en suelo urbanizable?; ¿por qué los bancos, tasadoras y departamentos de urbanismo de los ayuntamientos se aprovechan del desconocimiento de esta gente  a la que luego trata como a criminales?... El ayuntamiento tiene capacidad para cortar de raíz cualquier ilegalidad urbanística, pero el de Llíria durante años ha vivido del engaño en sus sucesivos gobiernos. Ahora, un nuevo gobierno y la oposición pretenden desterrar ese urbanismo, ¿pero qué pasa con todos los afectados por la desinformación y el engaño a que se han visto sometidos?. De momento en Dugarref algunos se van a la calle y lo pierden todo. Como en tantos otros casos, los más son personas absolutamente ajenas a la legislación urbanística, sin embargo, un Ayuntamiento no puede ignorar ni un sólo día su incumplimiento. Y van 15 años aquí y 35 en la de al lado. La empresa Camping Aguas de Llíria ha hecho un negocio mayúsculo en un camping que carece de permisos y que, según el Ayuntamiento, incumple infinidad de normativas de higiene, seguridad y emplazamiento, por lo que ayer por la mañana se procedió a balizar su perímetro con una orden judicial y varias patrullas policiales. El Ayuntamiento lleva desde 1996 empeorando la situación por no actuar con contundencia un día después de que se les denegara el primer intento de Declaración de Interés Comunitario desde la Generalitat. Por si fuera poco, cobra impuestos a la empresa por el camping y según argumentaron hace unos meses desde la oposición, a los propios vecinos que viven allí, como si de una vivienda más se tratara. De ser así, el escándalo sobrepasa los límites de la vergüenza ajena con que otros alcaldes miran a Llíria, que además multa con 100.000 euros a la empresa, el mismo dinero que uno de los 20 vecinos han pagado por poner su casa prefabricada en una parcela ilegal, totalmente estafado, desinformados, y ante la pasiva mirada del Ayuntamiento de Llíria durante 15 años. En otras urbanizaciones de Llíria, aunque ya calificadas como urbanizables, la situación también amenaza con explotar cualquier día, y es que pagan impuestos desmesurados, no reciben servicios adecuados y encima, compradores que ni siquiera habían nacido cuando se construyeron las casas donde viven, están siendo tratados como criminales mientras soportan hipotecas vitalicias. Se les asusta cuando reclaman servicios, cuando quien debería tener miedo es el Ayuntamiento como institución, porque si su gobierno actual hace bien poniendo al fin límites para el futuro, también estará delinquiendo si no afronta su responsabilidad histórica. Vecinos, Ayuntamiento y hasta la empresa, cada uno tiene argumentos para defenderse, pero que cada palo aguante su vela y que no se aproveche la posición de inferioridad del vecino, que es el menos culpable de los tres.